Washington, EE. UU. (LP). – El presidente Donald Trump mantiene su agenda para ampliar la participación del Gobierno federal en aspectos del proceso electoral estadounidense, pese al revés sufrido esta semana en la Corte Suprema, que rechazó su intento de imponer nuevas restricciones al voto por correo antes de las elecciones legislativas de noviembre.
El Tribunal Supremo dejó vigente una decisión de un tribunal federal inferior que bloquea las nuevas reglas promovidas por la administración Trump para el manejo de las boletas electorales enviadas por correo.
La decisión permite que los estados continúen utilizando, durante las elecciones de 2026, los procedimientos que ya tenían establecidos.
La iniciativa surgió de una orden ejecutiva emitida por Trump en marzo, mediante la cual su administración buscaba establecer nuevos mecanismos federales relacionados con la verificación de los votantes y el procesamiento de las boletas enviadas por correo.
Entre las medidas contempladas figuraban la utilización de listas de electores y nuevos requisitos para los sobres de las boletas, incluidos códigos de barras. El plan también pretendía que el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) pudiera rechazar determinadas boletas que no cumplieran con los nuevos procedimientos.
La aplicación de esos cambios fue impugnada por estados y organizaciones vinculadas a los derechos electorales. Los tribunales inferiores bloquearon partes de la iniciativa y, finalmente, el Supremo decidió mantener esas restricciones judiciales para el proceso electoral de 2026.
Una batalla que continúa
Aunque el fallo representa un obstáculo para la implementación de las restricciones al voto por correo en las elecciones de noviembre, la disputa sobre el alcance de la autoridad federal en la administración electoral no concluye con esta decisión.
La administración Trump también enfrenta controversias relacionadas con el acceso federal a información de los votantes y con iniciativas dirigidas a identificar a personas que las autoridades consideran que no reúnen los requisitos para votar.
Esos esfuerzos han generado nuevos enfrentamientos legales con estados y organizaciones defensoras del derecho al voto.
La Constitución estadounidense establece un papel central de los estados en la administración de las elecciones.
Precisamente, ese reparto de competencias figura entre los argumentos jurídicos utilizados para cuestionar varias de las iniciativas impulsadas por la Casa Blanca
El fallo del Supremo, por tanto, no elimina las demás disputas sobre la participación federal en la organización electoral, pero sí impide que las nuevas restricciones al voto por correo entren en vigor para las elecciones legislativas de 2026.
Las elecciones de medio mandato están previstas para noviembre y definirán la composición de la Cámara de Representantes y parte del Senado de Estados Unidos, en un escenario en el que las reglas electorales y la administración del proceso continúan siendo objeto de intensos debates políticos y jurídicos.
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