Washington, D.C., (LP). — La administración del presidente Donald Trump se prepara para implementar una nueva estrategia que permita mantener vigentes los aranceles globales sobre productos importados, luego de enfrentar diversos desafíos legales que han puesto en entredicho la viabilidad de su política comercial.
El arancel global del 10 % impuesto en febrero, tras la anulación de un esquema anterior por decisión de la Corte Suprema, expirará a las 12:01 a. m. de este viernes. Ante este escenario, el gobierno tiene previsto anunciar un nuevo paquete de gravámenes que sustituya al régimen vigente.
La propuesta, presentada en junio, contempla la imposición de aranceles a 59 países y a la Unión Europea, integrada por 27 Estados miembros.
La medida se fundamenta en la presunta falta de acciones para prevenir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzado.
Los nuevos aranceles serían aplicados bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, con tasas que oscilarían entre el 10 % y el 12,5 %. De concretarse, abarcarían a países que representan más del 99 % de las importaciones estadounidenses, reproduciendo en la práctica el alcance del arancel global que está próximo a vencer.
La Casa Blanca también evalúa un segundo paquete de medidas comerciales, igualmente sustentado en la Sección 301, dirigido a 15 países y a la Unión Europea. Según el gobierno, estas acciones buscan responder a prácticas consideradas desleales dentro de diversos sectores manufactureros.
En paralelo, la administración recurrió esta semana a otra disposición poco utilizada del marco legal estadounidense.
Trump firmó órdenes ejecutivas para imponer un arancel del 50 % sobre miles de millones de dólares en exportaciones procedentes de Canadá, utilizando la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, conocida como la Ley Smoot-Hawley.
Especialistas destacan que esta disposición nunca había sido empleada anteriormente para establecer nuevos aranceles, lo que evidencia la estrategia del gobierno de explorar distintas herramientas legales para sostener su agenda comercial.
Desde su llegada al poder, Trump ha defendido la necesidad de elevar los aranceles a las importaciones, al considerar que el sistema vigente perjudica la competitividad de la economía estadounidense. Sin embargo, sus iniciativas han enfrentado múltiples obstáculos judiciales y legales.
Aunque la Constitución de Estados Unidos concede al Congreso la autoridad sobre la política comercial, diversas leyes permiten al presidente imponer aranceles en circunstancias específicas.
No obstante, dichos mecanismos fueron concebidos principalmente para responder a prácticas comerciales desleales de determinados países o sectores, y no para reemplazar de manera permanente el sistema arancelario nacional.
Peter Harrell, académico visitante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown, afirmó que la administración está utilizando la Sección 301 —un instrumento diseñado originalmente para presionar a otros países a corregir prácticas comerciales desleales— con el objetivo de establecer "aranceles permanentes sobre prácticamente todas las importaciones".
La evolución de estas medidas será determinante para el futuro de la política comercial de Estados Unidos y podría generar nuevas repercusiones en las relaciones económicas internacionales y en el comercio global.
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